En enero pasado, la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la Unión Europea, puso en consulta un borrador de reglamento con la revisión metodológica sobre cuáles materias primas implican un alto riesgo por el “cambio indirecto del uso de suelo” (iLUC, por sus siglas en inglés) y cuáles son los criterios de certificación a aplicar para que los biocombustibles, biolíquidos y combustibles de biomasa a partir de cultivos alimenticios y forrajeros sean considerados de bajo riesgo de iLUC. El punto central es que la CE incluyó a la soja como un cultivo con “alto riesgo de iLUC”. De aprobarse el reglamento, hacia 2030 no podría importarse más biodiesel a base de soja hacia la Unión Europea.
Esto representa un alto riesgo de exclusión comercial de la UE al aceite de soja y biodiesel argentinos, y los criterios en los que se basa esta decisión traen cuestionamientos. Por señalar un ejemplo, resulta llamativo que uno de los criterios adoptado sea la ampliación de la superficie de soja “a nivel global”, pero el efecto del cambio normativo constituya una penalización para el principal proveedor de biodiesel de soja de la UE, que es Argentina, y cuya superficie sembrada con la oleaginosa no ha aumentado. Se soslayan, además, cuestiones críticas que hacen a la sustentabilidad como la amplia adopción en Argentina de la siembra directa, aplicada en el 94% de la superficie implantada con soja, o el gran porcentaje de área sembrada bajo un esquema de rotación de cultivos.
La presentación constituye un nuevo golpe para una industria de gran peso en la región. Cabe recordar que la tasa de corte obligatoria de biodiesel en el mercado interno se ha reducido en la última actualización normativa desde 12,5% hasta 7,5%, implicando lógicamente una reducción de la demanda en el mercado interno. En este mismo 2025, las ventas de Diesel y Gasoil en Argentina se incrementaron en un 2,5% al tiempo que la comercialización de biodiesel cayó un 10%. Aunque los volúmenes comercializados de combustibles fósiles se hayan recuperado en el año, aún se encuentran un 3% por debajo de los elevados niveles de demanda del 2022 y 2023. De este modo, no solo se ajustó la proporción de mezcla, sino que la base sobre la cuál esa mezcla es efectiva también es ligeramente menor, redundando en un mercado más pequeño.
En los últimos años el cierre del mercado estadounidense junto con las progresivas restricciones de la UE fue marcando grandes limitaciones de acceso a los mercados externos al biodiesel. El perjuicio es alto, toda vez que el biodiesel argentino está históricamente orientado a la exportación. De hecho, entre 2008 y 2022, en promedio, el 65% de la producción se vendió al exterior. Sin embargo, con la menor demanda externa la participación de la exportación cayó al 33% del total producido en 2023 y 2024. No conforme con ello, dicha participación concluyó el 2025 con apenas el 28% del biodiesel del país producido para exportar, un mínimo histórico.
En promedio, el 97% de las exportaciones totales de biodiesel argentino, tuvieron como destino el bloque europeo entre 2018 y 2025. Más aún, el 100% de las exportaciones tuvieron a la UE por destino en 2025.
Asimismo, considerando la capacidad productiva y exportadora del Up River, las exportaciones de aceite de soja a la Unión Europea son escasas. Con 42.160 toneladas exportadas en 2025, dicho volumen representa menos del 1% de las exportaciones de aceites de la Argentina. Si bien el acuerdo Mercosur – Unión Europea prevé aranceles cero para el aceite de soja en 5 años (desde niveles actuales en el rango del 3,2%-9,6%) y del biodiesel en 11 años (con aranceles actuales en 6,5%), ambos beneficios obtenidos en el acuerdo no tendrían aplicación ya que resultaría irrelevante de darse este cierre de mercado.
Particularmente, la provincia de Santa Fe marca una caída notable de producción y a la vez pérdida de participación. Esto se explica porque, además de sufrir las consecuencias de la baja de la tasa de corte, es en el Up River donde se concentra la infraestructura exportadora del biodiesel argentino. Más allá de ello, la provincia de Santa Fe representó el año pasado el 58% de la producción de biodiesel del país.
Dado el impacto previsto, tanto desde el sector público como desde entidades privadas se elevaron las objeciones, con información técnica incluida, en el marco de la consulta abierta que inició la UE. Mientras estuvo la consulta abierta, como así también en la actualidad, han seguido las gestiones y negociaciones en distintos niveles para ver si la Comisión Europea reemplaza los criterios iLUC adoptados por otros que tengan bases científicas más exactas y sólidas, y que, por otra parte, reflejen la realidad productiva del país proveedor. En este último sentido, Argentina tendría mucho a favor para ser considerado un proveedor.