El presidente Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 al 28 de febrero con una agenda de 18 proyectos, tres de los cuales contemplan situaciones relativas a la actividad agropecuaria.
Un de las tres iniciativas en cuestión es el proyecto de ley por el que se aprueba el nuevo “consenso fiscal” suscripto a fines del año pasado por el Poder Ejecutivo nacional con representantes de la mayor parte de las provincias.
El proyecto de “consenso fiscal” establece un margen de alícuotas máximas por aplicar en el impuesto a los Ingresos Brutos, algo que, en algunas situaciones, podría terminar derivando en un aumento de la carga tributaria sobre el agro o bien sobre productos o servicios empleados por el sector.
El impuesto a los Ingresos Brutos, tal como sucede con los derechos de exportación, es uno de los tributos más dañinos que existe para el sector privado en general y el agro en particular, porque, como su nombre lo indica, se aplica sobre los ingresos brutos de las empresas sin considerar si las mismas están pasando o no por un mal momento.
Además, el “consenso fiscal” invita a las provincias a crear el impuesto a la herencia. Actualmente, la única jurisdicción del país que cobra impuesto a la herencia es Buenos Aires, mientras que Entre Ríos lo derogó hace dos años y en Santa Fe hubo un intento por aplicarlo, pero no prosperó en la Legislatura local.
La iniciativa no tiene incidencia alguna en San Luis y La Pampa porque ambas provincias, al no haber firmado en su momento el “pacto fiscal” promovido en la gestión de Mauricio Macri (que establecía un cronograma de reducción tributaria), tienen plena libertad para subir impuestos locales.
El segundo proyecto contemplado en la agenda legislativa extraordinaria es el propone crear el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, por medio del cual se establecen ciertos beneficios contables y fiscales al sector, aunque con condicionantes que, en algunos casos, no contemplan la dinámica presente en el sector agropecuario.
Por último, también se incluyó en la agenda la iniciativa para crear un “Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana”, por medio del cual, entre acciones que comprenden tanto a la salud humana como animal, se propone regular el uso racional de los antimicrobianos (fundamentalmente antibióticos) en producción pecuaria.
